El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan de acción conjunto para el comercio preferencial de minerales críticos. El objetivo del plan es asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores clave de la industria, mediante la cooperación binacional, en un marco de respeto y apego a la legislación de ambos países.
“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, explicó el secretario Ebrard.
“Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”; apuntó.
Este acuerdo se enmarca en las conversaciones bilaterales con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, orientadas a la revisión del tratado de libre comercio (T-MEC).
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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un resumen del Plan de Acción México–Estados Unidos sobre minerales críticos, cuyo objetivo es fortalecer “la resiliencia mutua de las cadenas de suministro” a través de medidas que respalden los precios mínimos en la importación.
Durante los próximos dos meses, ambos países se comprometen a analizar la viabilidad y el desarrollo de políticas y mecanismos comerciales coordinados para identificar estos materiales. En paralelo, buscarán ajustar los precios en la frontera para favorecer las importaciones. La prioridad son un grupo reducido de minerales críticos seleccionados, todavía por determinar, según el documento.
En el camino, ambos países deberán evaluar medidas comerciales que favorezcan un “mercado resiliente” entre ellos, regular la minería, el procesamiento y el comercio de estas materias, así como promocionar inversiones, hacer acopio de reservas e investigar tecnologías extractivas y de identificación de estos materiales. Como parte del compromiso, tanto México como Estados Unidos han acordado priorizar el financiamiento y los apoyos políticos, así como compartir con transparencia información sobre la ubicación de posibles yacimientos.
